La Junta de Andalucía ha concedido la autorización ambiental integrada a la empresa que quiere instalar una planta de tecnosoles en Minas de Riotinto, una decisión que los alcaldes socialistas de la comarca han rechazado, llevando el proyecto al Juzgado para su paralización.

Los alcaldes de la Cuenca Minera han mantenido un encuentro para «analizar la situación y marcar la estrategia a seguir para que la administración andaluza detenga esta planta», que se pretende ubicar a sólo tres kilómetros del polémico vertedero de Nerva. Ante este escenario, los regidores socialistas se niegan a que la comarca sea «el basurero de toda Europa».

Todos los ayuntamientos de la zona han presentado alegaciones «contundentes», entre ellas, por el gran consumo de agua de la planta, por las emisiones de olores y polvo a la atmósfera o por una colonia protegida de murciélagos cavernícolas.

Este proyecto, clave en la restauración de terrenos degradados por la actividad minera, ya ha creado polémica en A Coruña (Galicia), donde se instaló en 2004 y «no ha cumplido con su cometido». Al contrario, argumentan los socialistas, ya que «sólo acumula olores, quejas, denuncias, sanciones y una revisión de la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa».

Rechazo de la plataforma ‘Salud y dignidad’

Las plataformas ‘Nerva Salud y Dignidad’ y ‘Riotinto, Salud y Dignidad’ también se han manifestado. A través de un comunicado, señalan a la compañía Atalaya Mining por este proyecto, que tiene como objetivo la restauración de suelos afectados por la actividad minera.

Las plataformas recuerdan en el texto el «malestar» que esta misma planta ha provocado allí donde se ha implantado, «tanto en el medio ambiente como en la población cercana a la instalación». ‘Salud y dignidad’ asegura que «el hedor es insoportable y hace prácticamente imposible la habitabilidad en la zona».

Los colectivos critican que, «en un intento de blanqueo, hasta se le ha cambiado el nombre de tecnosoles por industria de producción de suelos fértiles, según exige la autorización ambiental».

Las plataformas creen que «se instalará un segundo vertedero en una comarca sobradamente castigada y, todo, con el amparo de la empresa minera, consignataria, añaden, del presente y del futuro de los habitantes de una zona deseosa de escuchar cantos de sirena, aunque estos la precipiten al abismo».